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03/09/2014
 

Todas las administraciones que convoquen contratos públicos deberán comunicarse con sus licitadores a través de la notificación electrónica y los pliegos administrativos deberán estar disponibles de manera on line. Así lo ha aprobado recientemente la Unión Europea, tras publicar en el Boletín Oficial de la UE las nuevas directivas europeas de Contratación Pública que exigen a España la implantación obligatoria de esta medida antes de que finalice el primer trimestre de 2016.

Además, en el primer trimestre de 2017, todas las centrales de compras deberán haber implantado un sistema de licitación electrónica que permita el envío y recepción de ofertas de forma segura y confidencial. El último paso se dará en el último trimestre de 2018, en donde la licitación electrónica será completamente obligatoria para todas las administraciones públicas de los Estados miembro de la UE.

La nueva legislación, que ya fue acordada con el Consejo en junio de 2013, supone una revisión de las normas de contratación pública en la UE, que por primera vez fija estándares comunes sobre contratos de concesión, con el objetivo de impulsar una competencia justa y garantizar la obtención de una mayor rentabilidad del dinero, al introducir criterios de adjudicación que hacen mayor hincapié en consideraciones medioambientales, aspectos sociales e innovación.

Así, gracias a los nuevos criterios, las autoridades públicas podrán dar prioridad a la calidad, consideraciones medioambientales, aspectos sociales o a la innovación, sin olvidar el precio ni los costes del ciclo de vida del objeto de la licitación.

Simplificación de los procesos de licitación

Asimismo, la nueva normativa permitirá simplificar los procesos de licitación. Sólo será necesario presentar un único documento europeo con la declaración del empresario. El adjudicatario sólo tendrá que proporcionar toda la documentación administrativa original. Esta modificación significará la reducción de cargas administrativas de en torno al 80% según las estimaciones de la Comisión. Esta norma redundará en una mayor participación de las pymes en los concursos. Además, se incluirán condiciones más estrictas sobre subcontratación y ofertas “anormalmente bajas”, con el objetivo de combatir el dumping social y garantizar que se respeten los derechos de los trabajadores. Los contratistas que no cumplan con la legislación laboral comunitaria podrán ser excluidos de las licitaciones. Igualmente, los países tendrán dos años para adaptar las normas a sus legislaciones nacionales.

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